Niña violada por abuelastro no denunció para evitar que hermana crezca sin padre
El abuso sexual contra una niña de 11 años en Bolivia fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo. Producto de la agresión sexual, la menor quedó embarazada.
La niña comentó a una prima “que sentía unos movimientos extraños en su vientre. Ella le contó a su madre y es así como la tía es quien terminó presentando la denuncia” por el hecho, explicó la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García. El agresor fue encarcelado y la menor, con 21 semanas de gestación, está ingresada en un hospital cruceño.
Según García, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del período de gestación en el que se encuentre, sin embargo, por la “injerencia” de una organización perteneciente a la Iglesia católica, la mujer desistió en interrumpir el embarazo de su niña, denunció.
La menor había manifestado previamente a una junta médica que “no quiere ser madre”, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García, pero luego una abogada que la organización religiosa le puso a la madre presentó un memorial de desistimiento, junto a una carta manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, por ahora paralizado. “Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres”, sostuvo García.
La Defensoría del Pueblo está a favor de la determinación inicial de la menor, que dijo que quería interrumpir el embarazo, al igual que el ministro de Gobierno, mientras que la Iglesia y la madre de la niña quieren que continúe el proceso de gestación.
El caso de la menor de 11 años embarazada por su abuelastro en Yapacaní causó indignación, molestia, solidaridad y opiniones encontradas de autoridades nacionales. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo están en los polos opuestos. La menor está en la semana 21 de gestación y su agresor preso en Montero.
Este lunes, Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, dijo a EL DEBER que se debe respetar la voluntad (inicial) de la niña de interrumpir el embarazo para precautelar la vida de la menor, que además ya inició el proceso de aborto al suministrársele medicamentos para este cometido.
Agregó que en caso de no cumplirse la voluntad inicial de la menor (la niña después dijo que continuará con el embarazo) estarían violando sus derechos. “Si las autoridades se empeñan en seguir con el embarazo, no solo le están violando sus derechos, sino que están viendo a la mujer como un objeto de reproducción”, señaló a tiempo cuestionar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por un supuesto incumpliendo de funciones en la defensa de los derechos de la menor.
Por su parte, el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que primero se debe evaluar sicológicamente a la menor antes de tomar la decisión. “Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define”, indicó.
La autoridad también se solidarizó con la menor y condenó el accionar del agresor. “No podemos tolerar este tipo de conductas en nuestro país y destruir la vida de una niña de 11 años”, expresó
Por su parte, la Iglesia Católica, mediante un comunicado indicó que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas”, por lo que ofrecen “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María, asegurando el apoyo material, médico, sicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad”.
En el informe psicológico, la niña de 11 años que fue violada por el padre de su padrastro, confesó que tuvo miedo de que su progenitora se separe de su actual pareja y de que luego la culpen por lo sucedido.
“No le dije a mamá (lo sucedido) porque quise a mi padrastro como a un padre y tenía miedo de que mi hermanita creciera y me culpara de estar lejos de su padre, porque cuando metan preso al abuelastro, seguro mi madre se va a separar (…). No quería que mi madre se pusiera triste”, dijo la menor violada y embarazada de cinco meses.
La niña, además de cargar con el abuso sexual de un hombre de la tercera edad que debía cuidarla, sufrió en silencio, desde mayo, el sentimiento de culpa por lo que nunca hizo mal.
La confesión consta en el informe psicológico que le realizaron en Yapacaní, igual que su deseo de seguir estudiando, y de no estar embarazada, contrariamente a la versión posterior, compartida por funcionarias de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Santa Cruz (Apdhsc), que ayer visitaron a la niña en el Hospital de la Mujer, donde se encuentra internada.
“No podemos decir ‘lo que mande la ley’, si la niña no quiere que se la intervenga o que le hagan el aborto, tiene que respetarse la decisión de la familia y de la menor”, dijeron a los medios.
El aborto en Bolivia es legal “bajo condiciones de delitos de carácter sexual” desde 1970, aunque antes se requería una orden judicial para el procedimiento, recordó García. A partir del fallo constitucional de 2014, se permite la interrupción legal “con la fotocopia simple de la denuncia y con el procedimiento informado a la víctima”, precisó.
En 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que “104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis son menores de 13 años. Esta situación es alarmante, la violencia sexual flagela a Bolivia todavía y las niñas siguen siendo las principales víctimas”, lamentó.
(FUENTE: El Deber/Tarija Conecta)