Asamblea cesa a magistrados prorrogados, aprueba crédito de $us 176 millones y Decreto de Amnistía
La cuestionada sesión a la cabeza de Andrónico Rodríguez siguió su rumbo y además de aprobar la ley para cesar a los magistrados prorrogados, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un crédito internacional por 176 millones de dólares y el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto enviado por el presidente Luis Arce.
“Los Magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado, cesarán en sus funciones el 2 de enero de 2024”, dice el artículo 2 de la ley 075
A solicitud de Comunidad Ciudadana, se aprobó otros artículos para dar continuidad al servicio del Órgano Judicial mediante tribunales departamentales, además de unidades administrativas de los altos tribunales.
La aprobación contó con el apoyo de “evistas” y “arcistas”, que se presentaron a la sesión, pese al rechazo del ala “arcista” y un dictamen del Tribunal Constitucional que impedía a Andrónico realizar la sesión.
Luego, se aprobó una resolución que instruye dar continuidad a las elecciones judiciales, que se encontraban paralizadas en su etapa de preselección.
En tercer lugar, la Asamblea aprobó el crédito de 176 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento para el tramo carretero Confital-Bombeo. El Gobierno ya había reclamado de manera insistente la aprobación de este préstamo.
Y si bien en el orden del día se tomó en cuenta un segundo crédito, la mayoría de la Asamblea decidió aplazar su tratamiento. Se trataba de un préstamo de 15 millones de yenes japoneses, para el Programa ‘Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19’.
Después la Asamblea procedió a considerar el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto, enviado por el Órgano Ejecutivo. Decidió agilizar el proceso omitiendo la lectura íntegra del texto y lo aprobó.
La Defensoría del Pueblo, que abogó por esta norma, explicó que beneficia a privados de libertad (varones mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años) que padezcan problemas mentales, o quienes sufren padecimientos en etapa terminal, enfermedades oncológicas o crónicas, mujeres en estado de gestación (a la fecha de publicación del decreto presidencial) o madres en periodo de lactancia con hijo o hija menor a un año se encuentren en calidad de detención preventiva.
(FUENTE: Tarija Conecta/Erbol)