La noche del 31 de agosto de 2019, Rebeca V. A. decidió tomar una pastilla de misoprostol para abortar a un “bebé” de un mes y medio que llevaba en su vientre. Justo ese año, el Ipas-Bolivia estimó que en el Estado Plurinacional de Bolivia se dieron 57.709 abortos clandestinos en un año. Lo de Rebeca sólo lo supieron su amiga Reyna T., y una especie de compañía llamada Cytotec que vende las pastillas de la siguiente manera: “4 pastillas a 150 bolivianos para 3 a 6 semanas de embarazo; 6 pastillas a 210 bolivianos para 5 a 6 semanas de embarazo; 8 pastillas a 280 para 6 a 9 semanas de embarazo y 12 pastillas a 400 bolivianos para 9 a 12 semanas de embarazo.” Y añade “1 pastilla a 40 bolivianos cada una.” [1]

Cuando Rebeca tomó la primera pastilla, Reyna la cubrió con frazadas y le dio té, tal como decía las indicaciones que venían en el paquete que la “empresa” le había enviado al enamorado de Rebeca.

“Esa noche –me dijo Reyna en una charla telefónica— que se tomó la primera pastilla yo me quedé a dormir con ella y esperamos el sangrado, pero no era inmediato y, en el caso de mi amiga, no era doloroso. Me quedé para cuidarla, le daba té, la envolvía en camas y eso eran recomendaciones entre amigas que nos dimos. No le dolió. Al día siguiente nos despertamos y no había nada de sangre y nos preocupamos porque dijimos que las pastillas nos funcionaban, pero luego de unos minutos fue al baño y empezó el sangrado, pero un sangrado full. Ese rato nos asustamos.” [2]

“Pero eso no sucede con todas –continuó Reyna—, otra de mis amigas, no sé si era por el tiempo o no sé qué, pero sí le dolió el sangrado. Las pastillas dependen de las personas que las toman y también del tiempo de embarazo que se lleva, porque eso hace variar a lo que le dijo el vendedor a su chico de mi amiga”.

El embarazo no deseado de Rebeca no lo supieron sus padres, ni mucho menos acudió a un centro médico. Luego de que las pastillas hicieran efecto, Reyna la ayudó a controlar el sangrado. “Era como estar con el periodo -diría Reyna-, pero era mucha sangre y ella nunca fue a una clínica porque tenía miedo. Las indicaciones del paquete decían que debía ir a un centro médico, pero no fue”.

Pasado un mes de haber tomado las pastillas y de los cuidados por una semana y media de su amiga Reyna, Rebeca fue al baño a hacerse una prueba de embarazo, justo en ese instante vio que su regla le había venido y sintió algo de alivio.

“Luego de un mes le vino su periodo de forma normal. Además, si hubiera ido (a una clínica) qué hubiera dicho mi amiga ¿he abortado, doctor?, ¿qué hago ahora? Es un delito eso. Po ahí hubiera ido presa. Eso sí, el sangrado que tuvo era controlado, ese sangrado era como tener un periodo y eso dice las indicaciones y duró por una semana y media”.

Reyna, Rebeca y su enamorado habían contactado a un vendedor ilegal de esas pastillas. Sabían lo que estaban haciendo. Conocían las implicaciones que dichas pastillas podían causarle a la salud de Rebeca sino se controlaba el sangrado. Sabían también que estaban incurriendo en un delito, razón por la que solo lo supieron Reyna, la “empresa” Cytotec, su enamorado y ahora yo.

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Hablar de un “embarazo no deseado” es hablar de la realización de abortos inseguros y clandestinos y, la misma en Bolivia aún está penalizada (claro, si no se cumple con causales de una sentencia constitucional), y hablar de ello es hablar de la mortalidad materna en el país; y pues, hablar del aborto es referirse a una práctica que lleva, por donde se lo vea, a la ilegalidad: abortos “ilegales”, venta de productos como el misoprostol de manera irregular: todo en un círculo que no puede ser controlado; sumado a ello, la continua realización de abortos que crece en índice anualmente, la proliferación de centros donde se practica el aborto inseguro y a causa de ellos, aumenta la mortalidad materna.

Cuando Reyna me contó la historia de su amiga Rebeca y de su miedo de ir a una clínica y de decirle al doctor “que había abortado”, era como decirle a un policía, juez o fiscal “que había cometido un delito”, esto porque en el país, la mortalidad de mujeres, adolescentes y niñas por abortos inseguros se va agravando más y más y la penalización de esa práctica que obliga, en cierto modo, a recurrir a la clandestinidad, tal como lo hizo Rebeca, que en el 2019 tenía 21 años. “Cuando hablamos del derecho a la vida –escribiría Malena Morales, directora del Ipas-Bolivia— y la salud de las mujeres, no podemos dejar de referirnos a la situación de aborto en Bolivia, que sin duda es un problema de salud pública y justicia social, cuyo abordaje y tratamiento va más allá de las percepciones religiosas o moralista, es más bien una realidad que debe ser tratada por todos: mujeres, hombres, sociedad en general y autoridades a lo largo del país.”[3]

Según el informe del Ipas-Bolivia, desde hace más de una década se registran más de 50.000 abortos cada año, es decir, casi la cuarta parte del total de embarazos del país.

Si cada año se estiman más de 50 mil abortos, cada mes de un año se practicarían casi 4.166 abortos clandestinos y, cada día de un mes, se harían entre 1.666 y, cada 24 horas de un día, alrededor de 2.083. “Para el año 2010, se calcularon 52.057 abortos, para el 2016 eran 59.646 y para el 2019, año en el cual Rebeca tomó tres pastillas de misoprostol para abortar a su bebé de un mes y medio, alcanzaron a 57.709”, señala el documento, “según otros estudios, la letalidad por aborto es también alta: en el año 2000 alcanzó un 9,4 por ciento y un 7,7 por ciento en 2011”.

Es decir, si cada año, el país reportó más de 50.000 abortos, el 7,7 por ciento viene a ser 3.850 de letalidad materna solo en el año 2011.

La directora del Ipas-Bolivia lo expresó claramente “la práctica del aborto, por su penalización, obliga a las mujeres, adolescente y niñas a recurrir a la clandestinidad”.

La empresa que le vendió las cuatro pastillas a un precio de 140 bolivianos a Rebeca, tiene un método particular de ofrecer los mismos: lo hacen por las redes sociales, más que todo por Facebook por el cual hacen “alaraca” de que “ellos nunca fallan a su cliente”.

“Le ofrecemos cytotec MISOPROSTOL original de 200mcg. Para terminar con embarazos del primer trimestre, con una efectividad del 95%. Nosotros contamos con el producto original con vigencia 2024 precio sin exageraciones ya que es un producto relativamente económico a comparación de métodos quirúrgicos”, señalaba un mensaje de WhatsApp que me enviaron el pasado 6 de junio de 2022, cuando me hice pasar por un joven que necesitaba las pastillas para mi enamorada.

Cuando le mencioné a Reyna sobre cómo habían adquirido las pastillas, me dijo que buscara en la Internet y que encontraría “un kilo” de información sobre la dicha empresa y era cierto: si uno pone en el buscador de Google “Cytotec-Bolivia”, le saldrá varios números, que según el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, no tienen la autorización de ofrecer y vender el producto.

En el SMS que me enviaron, existen las referencias de cómo comprar y cómo pagar. La primera (de cómo comprar), según el mensaje, dice que “EL PRODUCTO SE MANDA desde COCHABAMBA EN FLOTA O SURUBI, el tiempo QUE demora EN LLEGAR ES de 4 a 12 horas dependiendo de la ciudad donde se encuentra usted. En la mayoría de los casos no más de 12 horas”. Mientras que la segunda (de cómo pagar) menciona que existen dos modos:

“Opción1: el pago lo puede realizar mediante TIGOMONEY a este mismo numero 69474… a nombre de J.L que es un sistema que funciona de lunes a domingo y feriados de 8am a 8pm, además de tener muchas agencias donde a veces no hay entidades financieras” (Como aclaración, el mensaje que me enviaron tienen muchos errores ortográficos y traté de solucionar algunos).

Y el segundo modo es por “depósito o transferencia a la cuenta de Banco Unión (…)”.

Además se menciona cómo hacer el pedido: “Una vez realizado el pago Ud debe enviarnos sus datos en el siguiente formato:

Nombre y apellidos:

Ciudad:

Cantidad solicitada:

Foto del recibo

El envío se realiza en flota (…) que le enviará, antes de las 8 de la noche, la foto del recibo o factura de envío. Lo tendrá que recoger con su carnet de la terminal de buses de tu ciudad, en algunos casos llega en 4 horas”.

El mismo día -el 6 de junio- el Sedes de La Paz emitió un instructivo en el cual se menciona que cuando se quiera dispensar el producto, las farmacias “deberán solicitar al usuario una fotocopia simple de la cédula de identidad y retener la receta con el producto prescrito –diría el Sedes La Paz en su instructivo con referencia de expendio restringido del misoprostol (reiterativa), dirigido a los directores de establecimientos de salud, regentes de farmacias del sector público, seguridad social a corto plazo, privado o de convenio–, dicha receta deberá contener lo siguiente: ‘Datos del paciente, diagnóstico, nombre del medicamento, cantidad, sello y firma legible del médico tratante, firma del paciente (si corresponde)’.”[4]. Sin embargo, la empresa que vende el misoprostol de manera ilegal no pide ni una receta de un médico y cuando pregunté si era necesario me dijeron “usted no las va a tomar, será su pareja quien las tome”.

El tema del aborto se convierte en un ciclo “de delitos” que solo lleva a la clandestinidad desde donde se lo vea: Rebeca no quería tener al bebé y se practicó un aborto (delito), para ello adquirió pastillas de un vendedor que lo daba sin receta médica (delito) que solo pedía el nombre, la ciudad de residencia, la cantidad solicitada y una foto del recibo del monto de dinero enviado al vendedor. Esto pasa porque el país vive en una esfera de judicialización para aquellos que se practiquen “abortos” sin cumplir los requisitos o causales que el Estado declaró.

Todo esto, claro está, fue llevado a una práctica, como lo dijo Malena Morales, clandestina, porque en el país un embarazo no deseado que termina con la “vida del embrión” es un delito.

“El aborto es la tercera causa de muerte materna en Bolivia”

“Anoche supe que existías: una gota de vida que se escapó de la nada. Yo estaba con los ojos abiertos de par en par en la oscuridad y, de pronto, en esa oscuridad, se encendió un relámpago de certeza: sí, ahí estabas. Existías”, así comienza el escrito de Carta A Un Niño Que Nunca Nació de la periodista y feminista italiana, Oriana Fallaci.

Justo después, como en un lamento prosigue: “Fue como sentir en el pecho un disparo de fusil. Se me detuvo el corazón. Y cuando reanudó su latido con sordos retumbos, cañonazos de asombro, me di cuenta de que estaba cayendo en un pozo donde todo era inseguro y terrorífico. Ahora me hallo aquí, encerrada bajo llave en un miedo que me empapa el rostro, los cabellos y los pensamientos. Y en este miedo me pierdo. Trata de comprender: no es miedo a los demás, que no me preocupan. No es miedo a Dios, en quien no creo, ni al dolor, que no temo. Es miedo de ti, del azar que te ha arrancado de la nada para adherirte a mi vientre. Nunca he estado preparada para recibirte, aunque te he deseado mucho.”[5]

Fallaci se plantea y dice que su niño –que según la Revista Amberes, Fallaci no llegó a tener a su hijo, porque un aborto natural impidió que el feto se gestara en su cuerpo con normalidad y fue muriendo poco a poco, en su interior, su hijo y su maternidad—, podría preguntarle en un futuro «¿Quién te ha pedido que me trajeras al mundo, por qué me has traído, por qué? Y después se cuestiona ¿Cómo sabré que no sería más justo eliminarte; cómo sabré que no prefieres ser devuelto al silencio?», algo similar me preguntó Gladys (nombre convencional), una dama de compañía de 26 años a quien conocí mientras hacía una entrevista a la dirigente de ese sector de la ciudad de El Alto.

“¿Y si él no quería nacer en este mundo?”, me dijo en la Avenida Franco Valle de la urbe alteña donde una señora de unos treinta y tantos años, dirigente de ese sector, tiene una casa de atención para varones. “Mi primer aborto fue a los 16, fue después de tuve mi primera vez. Él y yo estábamos en el colegio. Era mi novio. Todo estaba bien a un principio, pero luego de un tiempo me pidió la prueba (“de amor”). Dije no, pero me dijo que iba a dejarme. Así que lo hicimos. Lo hicimos sin condón, porque dijo que acabaría afuera.

Ahí me embaracé. Al primer mes no sabía nada. Estaba normal, pero tenía vómitos, dolor de cabeza y comía mucho, pero no engordaba. Luego de dos meses mi panza creció, estaba gorda. Mi amiga Beatriz me lo compró esa prueba. Cuando salió positivo, no sabía qué hacer. Quería hablar con Francisco, él era mi enamorado.”[6]

Cuando Gladys abortó lo hizo a los dos meses y una semana. Tomó cinco pastillas que no recuerda de qué tipo eran. Su amiga Beatriz la acompañó a una clínica de un “dentista” en la zona Garita de Lima que, en realidad, funcionaba como un centro clandestino donde realizan interrupciones de embarazos. Le recomendaron que, por el tiempo que llevaba en gestación, debía tomar entre cuatro a seis pastillas, luego debía acudir al mismo lugar a sacarse los restos del feto.

“Me dijeron que debo tomar pastillas. Las compré con alrededor de 400 bolivianos. Eran seis pastillas, de color amarillentas. No sé cómo funcionaba. El que nos atendió nos dijo que debía tomar eso para hacerle algo al bebé, no sé, yo solo tomé las pastillas”, diría Teresa.

Una vez que ingirió las pastillas (dos tenían que ser por vía vaginal según las indicaciones del médico que la atendió en la Garita de Lima), Teresa debía volver al lugar, pero no tomó las seis pastillas, sino solamente tres, porque el sangrado que produjeron las mismas era doloroso y no se podía controlar.

Cuando asistió al lugar –según cuenta—, le sacaron restos del bebé y para ese sangrado le aplicaron anestesia, el mismo tuvo un efecto corto, porque a los tres días Gladys se desmayó en el colegio Héroes del Pacífico de Ciudad Satélite en la urbe alteña. “Estaba cubierta de sangre. Me dolía un chingo, no podía mover mi cintura. Mis compañeras me ayudaron. Me llevaron al baño y vinieron los profesores. Ellos llamaron a urgencias y me trasladaron al hospital. Ahí recién mi mamá se enteró de lo que había hecho y yo estaba a punto de morir. Estaba mal”.

El tema del aborto versa en el eje de la vida misma, de la existencia. Esto porque es un dilema: aborto o el derecho a la vida. ¿Ser madre es un derecho o un deber? ¿Elegimos nacer? ¿En qué momento empieza la vida? Para Gladys, el aborto era el dilema de quién valía más ¿ella o el hijo que llevaba? En septiembre del 2014, cuando tenía 19 años, tuvo un segundo aborto, está vez tomó pastillas de misoprostol. Lo hizo a las tres semanas. Sólo sangró un poco y no tuvo intervención médica. “Tomé esas pastillas que me recomendaron otras chicas. Tomé las cuatro pastillas, una tenía que ponerme por ahí (vagina). No me pasó al igual que la primera vez. Estaba changa, ya sé, pero ¿si me hubiera muerto? Por eso te digo, ¿quién valía más, mi bebé o yo?”.

Si Teresa hubiese fallecido a sus 16 años, justo el 2011, se hubiera convertido en una estadística más, una noticia más, y nada más. (El 2011, el Ipas-Bolivia calculó que la mortalidad materna llegó a un 7,7% de 50.000 abortos clandestinos que se practican, es decir casi 4.000 muertes en ese año).

Seis años más tarde, el 25 de septiembre de 2017, en una entrevista con el periódico La Razón, la entonces ministra de Salud y Deportes, Ariana Campero, aseguró que la mortalidad materna por la mala práctica del aborto puede incrementarse. “Esa es la situación legal del aborto en el país, pero para lo real este ministerio encaminó un estudio de mortalidad materna con encuestadores médicos y esto nos permitió tener una visión más amplia, pues se estableció que el aborto es la tercera causa de muerte materna en Bolivia y que puede incrementarse según el comportamiento regional, pero nos establece que el 13% de las muertes es por abortos que se dieron por condiciones insalubres.”[7]

Cuando le pregunté qué se sintió abortar, Gladys me miró y me dijo, ¿crees que es fácil tomar esa decisión?, y se respondió a sí misma: “pues no lo es”.

“Solo corrí, no sabía qué hacer”. Cuando logró aprobar los exámenes de prefacultativo a la Carrera de Agronomía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), P. Q, (iniciales del nombre) se “enamoró” por segunda vez el 19 de octubre de 2017. La primera vez que le pasó fue en el colegio Mariscal Antonio José de Sucre “A”, de la comunidad de Chicani, un pueblo de al menos 1.100 personas.

Él la venía a buscar todos los días, a razón de que no pudo rendir dicho examen y quería que P. “siguiera” con los sueños de él también. “Me prometió que me iba a ayudar con los trabajos y con los estudios, por eso me enamoré de él”[8], me dijo cuando la hallé sentada en un minibús que iba a la Facultad de Agronomía.

“En 2017 lo conocí por mis amigas de los prefas. Ellas me gozaban y acepté estar con él. Me llevaba a comer. Además, yo quería olvidar a alguien, por eso me fijé en él”.

Ese alguien a quien quería olvidar era “el primer amor” de P., alguien que, en sus palabras, era “cariñoso, lindo, amable y se llevaba bien con todos”.

Ese proceso siguió mientras pasaba sus primeras materias de Agronomía. Se decidió por esa carrera porque Chicani, su lugar de nacimiento, es una zona principalmente agricultora. Un 100 por ciento de la población tiene terrenos cultivables, de ese porcentaje el 46 por ciento tiene carpas solares y dentro de ese porcentaje entra la familia de P., que tiene dos carpas en las que produce lechugas crespas y las llamadas señoritas, además de acelgas, apios, rábanos, espinacas, etc.

La decisión de estudiar ya la tenía, estaba entusiasmada, pero pasado un año de su relación, en el 2018, Jonathan Apaza, enamorado de P, le pidió la prueba de amor. “Sabía eso del condón, la profesora Ruth (Alejo) nos habló en la prepromo de usar el condón, pero mi enamorado tenía miedo o vergüenza de comprarlo. Así que lo hicimos sin eso”.

Justo a la edad de 20 años, luego de que pasará dos semanas desde que tuvo relaciones sexuales con su enamorado, P. Q. se enteró que estaba esperando un bebé.

“Ahí me asusté. Cuando salió positivo la prueba, solo corrí, no sabía qué hacer. Mis estudios se iban a perder, mis sueños no iban a suceder. Estaba perdida”, diría entre lágrimas cuando ya habíamos llegado al atrio de la UMSA.

“Nadie dice nada del papel del hombre en el embarazo y aborto”

Cuando P. se enteró que estaba embarazada, no se lo dijo a sus padres y a su enamorado se lo comentó luego de casi dos meses. Pensó que lo tomaría con gusto y agrado, pero no fue así, el reclamo que le dijo parecía de telenovela.

“Si lo hubieras visto cómo reaccionó. Hizo un drama y me dijo que quién era el papá y él sabía muy bien que él era mi primera vez. Yo tuve relaciones solo con él y él era el papá”.

“Cuando le dije que estaba de dos meses –continuó P—, me dijo que porqué no me cuidé y esas sonseras. Le mostré la prueba y no me creyó. Cuando me levanté mi blusa y le mostré mi pancita, ahí me dijo que tenía que abortar”.

Ambos jóvenes no sabían cómo llevar adelante un embarazo y mucho menos sabían cómo se lo iban a decir a sus padres y peor, no sabían, según P., cómo iban a cuidar del niño. Eran mayores de 18 años, pero ambos eran inmaduros. No sabían librar, como muchos de aquellos que llegan a ese lugar, “esa batalla de ser padres a temprana edad” y también aquella de enfrentar a los progenitores. No sabían porque no se los habían enseñado o hablado en el colegio.

Cuando oyó las palabras de aquel que pensaba que la apoyaría en esos momentos, “tienes que abortar porque estoy demasiado joven para cuidar a un hijo”, P. lloró, le reclamó a Jonathan que debían hacerse cargo los dos, porque ella no había hecho al bebé sola. “Me dijo directo, mi amor aborta. Estoy joven, no tengo trabajo. Hazlo por los dos”.

“Ahí recién se me cayó todo lo que me había pintado ese chico: sus promesas, eso que dijo que haríamos juntos. Ahí recién me di cuenta que solo quería sexo conmigo, pero no quería al bebé”.

A finales de febrero de 2019, la situación empeoró para P. porque tenía que enfrentar sus padres y decirles que estaba embarazada. Su papá la abofeteó cuando se enteró; su mamá le gritó “que si eso era para lo que la había criado y educado”; sus hermanos, Oscar (que ahora también tiene un niño y vive en la zona de Callapa), Gabriel (que está en el cuartel), solo pidieron a su padre que la dejara de golpear. P. estaba sola, sin aquel hombre que le había prometido darle el cielo para que esté con él y del que solo recibió, luego de saber que iba a ser padre, un “debes abortar, mi amor”.

“Los verdaderos cómplices también son los hombres –le dijo Rosario Aquim a su compañera Lourdes Montero, cuando les hice una entrevista sobre el aborto—, porque ellos a veces no se hacen cargo cuando se enteran que van a ser papás, porque la mujer no hace pues solita a un bebé. ¿Y el hombre, dónde está? En el tema del aborto nunca se toca el tema de los varones. Nadie dice nada del papel del hombre en el embarazo ni en el aborto, ni mucho menos éste es consciente de lo que pase con aquella que supuestamente ama, porque sólo vela por él, por su integridad de macho, por su dignidad y la que es mellada en todo es la pobre mujer”,[10]

“En el área rural está terrorífica la cosa, hay más embarazos a temprana edad, pero ahí también funciona el matrimonio por obligación: si embarazas a una chica –prosiguió Aquim—, pues te casas por obligación, pero eso no sucede acá, en el área urbana”.

Justo eso le pasó a P.

Luego de haber recibido la negativa de su enamorado, un par de bofetadas y regaños de sus padres, éstos procedieron a que P., llamara al papá del hijo y que éste asuma su responsabilidad. A los seis meses de embarazo, P. concubinó con su pareja en la zona del Cementerio General de la ciudad de La Paz. Ahí empezó otra pesadilla para la mujer: su pareja empezó a golpearla luego de que naciera su hija, un 23 de junio de 2019.

Actualmente está separada de su pareja y agresor, quien no paga la pensión familiar porque, en palabras de P. “su familia es otra clase y sé que no va a aceptar hacer ese pago”. Su hija cumplió tres años el 23 de junio y ella tiene 24 y decidió continuar con sus estudios.

“Quién quiera opine sobre el aborto tiene razón”

Tratar de entender el tema del aborto es enfrascarse directamente en una discusión de derechos, de temas de libertades, de quién tiene la razón en este asunto “delicado” para la sociedad, de un supuesto asunto de moralidad, de si es matar o no a un ser humano.

En un artículo publicado en el periódico El Diario, Oscar Espinosa García se pregunta ¿desde cuándo somos lo que somos?, una cuestión atendida en la discusión del aborto o, planteado de otra forma, ¿desde cuándo se considera un ser humano a alguien? Y párrafos más adelante dice “nuestra existencia comenzó cuando el espermatozoide de nuestro padre fecundó el óvulo de nuestra madre, lo que hizo que se forme el huevo y luego a los tres meses el embrión, para dar lugar al feto y finalmente convertirse en el bebé que sale del vientre de nuestra madre. Es obvio –escribiría Espinoza— que somos la persona que somos, desde el momento de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre y estamos presentes en esta vida gracias a que nadie decidió que no salgamos a ver la luz de este mundo.”[11]

Lo que resalta de la afirmación son dos palabras: concepción (dar paso a la nueva vida) y decisión (una determinación respecto de algo). ¿Quién decide dar paso a la concepción o interrumpirla?

En nuestro país, el Gobierno no decide sobre ello (¿o sí lo hace?), pero judicializa la práctica.

En febrero del 2014, emitió una sentencia constitucional, la 0206, que tiene rango de ley, en la cual indica que existen tres causales para poder inducir un “aborto legal”: cuando el embarazo es producto de una violación, estupro, incesto o rapto; y también cuando por el embarazo corre peligro la vida o salud de la mujer. Y, fuera de esas causales, el actual Código Penal sanciona el aborto con hasta tres años de cárcel. Y en estas tres no entraban Rebeca, Teresa y Pamela, por eso acudieron a la clandestinidad.

Y pocas veces se escucha sobre interrupciones legales del embarazo (ILE) dentro país. Uno de ellos ocurrió el pasado año, cuando el Estado decidió que una menor de 11 años, abusada por su abuelastro, se le interrumpa el embarazo.

 Otro caso reciente es de la niña de 12 años, a quien le practicaron una cesárea por una decisión tomada por galenos del Maternológico de Cochabamba. El bebé de 27 semanas de gestación murió tres días después de haber nacido. Eso sucedió en junio de esta gestión.

Ambos casos fueron de discusión sobre derechos humanos. Mucho más en el primero, donde la Iglesia Católica objetó que si se procedía con el aborto se estaría yendo contra una vida humana, la del bebé. Ahí se abrió la discusión: ¿quién tenía o tiene la razón? ¿La iglesia católica con su posición de moralidad? ¿La defensoría de la niñez y sus argumentos de derechos humanos? O ¿el principio judicial de la Sentencia Constitucional desde el Estado, o hasta dónde le es permitido intervenir a éste sobre estos temas? O algunas otras posturas más.

“Lo primero que se debe afirmar es que el aborto es un dilema, porque es algo que no se resuelve y no se resuelve, porque quien quiera que opine sobre eso tiene razón. Y no se puede resolver”.

Si un cura que dice que el aborto es malo, porque la vida es dada por Dios y tú le debes a Dios tu vida, pues está en lo correcto. Si el médico te dice no es posible el aborto porque el embrión ya no es un esperma y un óvulo desde unas semanas, pues también tiene razón. Si el abogado te dice que el sujeto jurídico es jurídico desde que sale desde el vientre de la madre y por ende tiene derechos, está también en lo cierto. Por eso es un dilema. Y eso se resuelve por la vía de la reflexión, es decir, por la vía de “filosofía”, porque es un tema existencial, no es un tema psicológico, biológico ni un jurídico: es totalmente filosófico”, diría Aquim en la entrevista.

Cuando pregunté las anteriores cuestiones, ella respondió ¿y dónde queda el derecho a decidir de las mujeres, donde está su libertad de elección? ¿Acaso le podemos privar de ello a ellas?

En los casos de Rebeca y Gladys que decidieron no tener a un hijo que no habían planeado, recurrieron a la clandestinidad, a una práctica que no estaba en el marco legal que estableció el Estado. Después de todo, ¿qué alternativa tenían? Ninguna de ellas estaba preparada para tener a un hijo.

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En una carta del 27 de enero de 2020, el Ipas presentó un informe periódico al Gobierno y para que este pueda dar conocimiento sobre el tema del aborto inseguro, durante la sesión 71, al Comité Contra la Tortura (CAT). Además, el Ipas-Bolivia se había fijado como objetivo proporcionar al Comité un informe sobre las violaciones del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto a la CAT y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la Convención) como resultado de su normativa legal restrictiva sobre el tema del aborto. [12]

En dicha misiva, el CAT encontró que la prohibición total del aborto puede constituir tortura o maltrato o que pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable.

“Este Comité observa con preocupación que el Código Penal en su artículo 266 (aborto impune) impone la obligación de obtener una autorización judicial a las mujeres víctimas de una violación que deciden interrumpir su embarazo. Un requisito que, según las informaciones recibidas por este Comité sobre objeción de conciencia en la judicatura, supone en muchos casos un obstáculo insalvable para las mujeres en esa situación que se ven forzadas a recurrir a abortos clandestinos, con los consiguientes riesgos para su salud”.

Por lo que recomendó en esa gestión “que el Estado parte debe garantizar que las mujeres víctimas de una violación que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo tengan el acceso a servicios de abortos seguros y eliminar cualquier impedimento innecesario a los mismos. El Comité -continúa la carta- se remite al contenido de las recomendaciones dirigidas al Estado parte por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW/C/BOL/CO/4, párrs. 42-43). El Comité insta al Estado parte evaluar los efectos de la legislación vigente, muy restrictiva en materia de aborto, sobre la salud de las mujeres”.

Malena Morales, quien junto a su equipo escribió la carta, también piden al CAT recomienden que el gobierno despenalice el aborto a fin de tratar el problema del aborto inseguro. “También instamos a este Comité a recomendar el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0206/2014 en toda su extensión y que fuera de lo anteriormente señalado, exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a diseñar políticas y crear normas que precautelen los derechos sexuales y derechos reproductivos; y al Órgano Ejecutivo diseñar planes y programas que reduzcan los abortos clandestinos y medidas a favor de la infancia y programas de educación sexual”.

Las recomendaciones nunca fueron tomadas en cuenta y no existe planes o programas para tratar el asunto. Como cualquier tema que surge de un momento a otro y se da bombos o promesas o dichos de querer hacer algo con ello o de mejorarlo, ya sea por una niña embarazada o la muerte de una mujer adulta por una mala práctica del aborto, siempre quedan ahí: en la memoria del olvido.

El Estado, desde sus Ministerios o instituciones no transparentan esta problemática y que solo sueltan información cuando se les solicita con insistencia. Sobre el aborto, a las fuentes que se trató de consultar simplemente no contestaban las llamadas o respondían los mensajes. Lo mismo sucede con las instituciones departamentales o municipales.

Cuando solicité, mediante una carta, datos sobre las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), en el Ministerio de Salud hicieron que corrija la misma en dos ocasiones. La que recibió la misiva me dijo debía resaltar “lo excelentísimo del señor ministro, Jeyson Auza”. La secretaria de comunicación de ese Ministerio corrigió mi carta dos veces y al final dijo “está es la segunda vez, a la tercera no te lo recibo”.

Esperé por tres semanas la respuesta y cuando llegó, solo me enviaron un Excel con algunos números.

Según los datos que me dieron desde ese Ministerio, el país reportó un total de 508 casos de “Mujeres atendidas en Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los servicios de salud públicos de Bolivia” en 8 años en todo el país, una cifra baja en comparación a los abortos clandestinos.

Un año antes, el Ipas le solicitó al CAT que plantee cinco preguntas al Estado Boliviano:

¿Qué medidas adoptará el Estado para Garantizar que se reforme el Código Penal, con el fin de tratar el problema del aborto inseguro?

¿Cómo se asegurará el Estado de que las mujeres tengan acceso a servicios de aborto seguro y legal en vez de sufrir lesiones o ser víctimas de muertes innecesarias y evitables a causa del aborto inseguro, lo cual viola sus derechos a una vida libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes?

¿Qué medidas adoptará el Estado para garantizar que la atención postaborto y los servicios de aborto seguro sean integrados en todos los niveles del sistema de salud pública, incluidos aquellos para mujeres pobres y mujeres que viven en zonas rurales que necesitan buscar dichos servicios?

¿Cómo garantizará el Estado que las niñas y adolescentes que buscan servicios de aborto tengan acceso a los servicios que necesiten de manera confidencial, sin la participación de su madre, padre o tutor?

¿Qué medidas el Estado está tomando en relación con el aborto farmacológico, método recomendado por la OMS, para así reducir los daños y prevenir la muerte de las mujeres por el uso de los métodos inseguros?

Hasta el momento, las cinco preguntas no han tenido respuesta alguna.

“Los ‘profesionales’ en salud deben dejar de lucrar a costa de las mujeres”

En el 2021, cuando Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia lanzó un fondo concursable sobre la temática “Aborto, clandestinidad y pandemia”, propuse el tema sobre la cantidad de abortos clandestinos que existía en el país anualmente. El 13 de diciembre me llegó un mensaje al correo electrónico diciéndome que la propuesta que presenté había sido rechazada. Esa misma fecha me dirigí a la zona Garita de Lima, lugar del que todos hablan por la existencia de “centros de salud” para abortar de “manera fácil y barata”; pues fácil y barata no es.

Allí encontré uno de esos que tenía un cartel que decía “Atención dental para tu mañana”.

Al entrar, hallé a una muchacha sentada en un escritorio pequeño, con algunos papeles encima, un par de bolígrafos, algunos folders de color amarillo. Me miró y me preguntó qué estaba buscando o a quién. Le dije que quería una “atención especial para mi enamorada”, y ella entendió de inmediato lo que buscaba. Me hizo pasar al fondo donde estaba un hombre que llevaba una bata blanca y la izquierda tenía el apellido que comenzaba con la letra M. La muchacha y él me preguntaron que qué atención buscaba y yo repetí “una especial para mi enamorada” y el doctor me dijo “te refieres a abortar, ¿verdad?”. Asentí con la cabeza.

Cuando se dio cuenta, pidió a la muchacha (que no llevaba un gafete ni su bata) que trajera unos papeles que me pidieron revisar y firmar si aceptaba. Eran dos páginas, en la primera mencionaban los procedimientos que se iban a hacer y en la segunda sobre los riesgos que se podía correr y de que ese consultorio, tanto como el doctor y su secretaria, no se hacían responsables de lo que pasaría en un caso extremo.

Pregunté al respecto y recibí una respuesta contundente: “quiere decir si quiere o no el servicio. Para eso son esos papeles”.

Luego hice la pregunta, que supongo él quería que realizara, sobre cuánto costaba el servicio. El doctor –no sé si lo era, pero eso sí, llevaba una bata— me dio dos montos: “hasta tres meses de embarazo, te costaría 1.500 bolivianos y más de 20 semanas de gestación serían 2.000 bolivianos”.

Tenía los papeles y le dije a la muchacha que si le podía sacar unas fotografías. Me respondió que no porque esos papeles “eran privados, que eran del consultorio”. Dije que lo iba a consultar con mi enamorada y salí del lugar. Eso sucedió el 13 de diciembre del 2021.

Seis meses después, el 27 de junio de 2022, el doctor Guido P. (nombre convencional) me dijo que esos que atienden en centros clandestinos también son profesionales en salud, pero que son malos profesionales porque solamente lucran con y a costa de las mujeres. “Se debe terminar con la mercantilización de las mujeres, de dejar que los profesionales de salud lucren a costa de las mujeres, porque el tema del aborto es un tema de derechos de las mujeres.”[13]

La opinión del doctor se había formado luego de conocer varias historias de adolescentes y mujeres adultas que asistían a su centro médico para pedirle ayuda para abortar, porque la clandestinidad, según el galeno, era una práctica dolorosa tanto para el bolsillo de quien lo pide y para la salud física de quien se lo hace.

En la entrevista, me contó que el 25 de junio –dos días antes de haberlo llamado— había atendido a dos pacientes solo ese día. “Las usuarias llegaron al centro de salud que es de 24 horas. Llegan por la noche, a esto de las 22.00, y me piden un acceso a un ILE. No sé cómo se enteraron de mí y del centro donde trabajo que es público. Yo les brindé eso”, dijo.

“Justamente ese día estaba con dos estudiantes de Medicina y me empezaron a cuestionar sobre la moralidad y la decisión de las mujeres. Me decían ‘doctor usted no puede hacer esto y aquello’. Yo les dije, vean las realidades de estas mujeres y solidarícense. Ellas cambiaron su modo de pensar cuando escucharon el testimonio de las muchachitas. Las que vinieron eran muchachitas. Tuve dos abortos legales en un solo día. Ahora, imagínate como es la realidad cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y las cifras, te aseguro, del IPAS no están mal”.

“Otro caso que tuve, por ejemplo –continuó el doctor– fue este último feriado, el 21 de junio. Vino a mi consultorio una muchacha de más o menos 19 años. Ella me dice que había ido a un centro de salud de esos (clandestinos) para hacerse el aborto y que le habían cobrado 1.800 bolivianos. Y ellas vienen a mi servicio público con esa situación y es alarmante porque siguen y siguen lucrando con la salud de las mujeres”.

“Cuando la reviso me encontré con un horror. Le pregunto a la muchacha que qué le habían hecho y me dice que solo le habían hecho sentir un dolor porque le habían metido un tubo. ¡Te imaginas, un tubo! Me mostró algunas heridas que le habían hecho. De paso, me dijo que ella quería ponerse un anticonceptivo. Ahí le digo a mi colega que le haga una ecografía para ver cómo estaba. Esos doctores no le habían hecho ni mierda y habían cobrado 1.800 bolivianos. A parte, el embrión estaba tan bien, no le aspiraron eso y para el colmo, el anticonceptivo que ella había pedido lo pusieron debajo del embrión. Ahí estaba la T de cobre”, dijo.

Cuando le pregunté sobre qué procedimientos se seguían para realizarse el aborto, solo me respondió “es una práctica de mucho dolor”.

“Cuando hablamos de una Interrupción Legal del Embarazo -me comentó-, vemos el tema de gestación. Si un tiempo de gestación es de mayor a 12 semanas prácticamente hay alternativas para realizar el aborto con métodos quirúrgicos. Los métodos para realizar ILE son dos: por medicamentos o quirúrgicos”

“Dentro de los medicamentosos –siguió el galeno– obviamente tiene que darse según la edad gestacional, pues, que pasa si uno da a mayor edad gestacional los medicamentos de misoprostol, en este caso que serían 12 tabletas, lo que ocasiona es un aborto incompleto y pues las usuarias terminan realizándose un AMEU, que es la Aspiración Manual Endo Uterina que es una técnica quirúrgica, pero lo malo es que en Bolivia no se trabaja el tema del dolor, porque esa técnica es tremendamente dolorosa”.

“Lamentablemente en nuestro país no hay un manejo de la terapia del dolor a pesar de que hay protocolos desde el Ministerio de Salud, y los galenos solo hacen un bloqueo paracervical del cuello uterino y ahí dilatan el cuello y se hace la aspiración. La otra técnica es también el legrado que consiste en hacer un bloqueo a la altura del cuello uterino, pero no hacen terapia para el dolor. Estos son procesos dolorosos, porque ninguna mujer quiere que le introduzcan un aparato por la cavidad vaginal, y lo único que ellas quieren es realizarse una intervención sin dolor”.

Además, según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2020 –que fue conseguida de la página oficial del Ipas-Bolivia–, de la Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como derecho humano de las mujeres, en su página 64, menciona que existe una “falta del equipamiento requerido para la ILE en los establecimientos intervenidos. De los 44 establecimientos de salud, 32 cuentan con todo el equipamiento requerido para realizar el procedimiento de AMEU (Aspiración Manual Endo-Uterina)” y añade que “referente al instrumental requerido para la ILE en los establecimientos intervenidos, de los 44 establecimientos de salud, 26 cuentan con todo el instrumental requerido para realizar el procedimiento de AMEU”. Aclara que para la realización del LUI (Legrado Uterino Instrumental), de los 44 establecimientos, solamente 27 cuentan con el equipamiento para dicho procedimiento.

“De la verificación realizada a los 44 establecimientos de salud, se pudo establecer que 42 hospitales cuentan con el misoprostol y únicamente dos no tienen este medicamento”, señala dicho informe.

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Le consulté sobre si había permisos de consentimiento en los centros de salud públicos para realizar los ILE, me dijo que “en Bolivia no hay un perfil de consentimiento informado para estas situaciones. Y algunos hospitales sacan sus propios consentimientos, porque el uno es diferente del otro” y que los centros de salud solamente “agreden de manera psicológica” a las adolescentes o mujeres adultas cuando se les da los procedimientos y recomendaciones sobre cómo se hace un aborto.

El 13 de febrero de esta gestión, una estudiante de quinto año que hacía sus prácticas en la Caja Nacional de Salud me envió lo que se conoce como “Consentimiento informado para LUI/AMEU”. El mismo tiene que ser firmado por el paciente y un familiar al final de la hoja,

Cuando le consulté sobre cuántos abortos atendían en ese nosocomio me dijo temerosa que a la semana atendían entre dos a tres adolescentes. “Solo adolescentes se acercaban y no venían con sus familiares como dice ese consentimiento que deben firmar. Venían con amigas mayores que ellas y ellas nomás firmaban. Cuando oíamos lo que habían pasado, nosotros aceptábamos”, dijo y añadió “no te debería contar esto que pasa en los hospitales”.

El consentimiento menciona lo siguiente:

“Yo… con carnet de identidad… entiendo que ese procedimiento consiste básicamente en limpiar la cavidad endometrial (parte interna del útero o matriz) por vía vaginal a través del cuello uterino. A veces es necesario un segundo legrado para completar esta evacuación, sobre todo en los casos de aborto retenido. La intervención -continúa el documento de consentimiento- consiste en dilatar el cuello uterino (algunas veces no hay necesidad de dilatar por encontrarse el cuello ya entreabierto) y la extracción de restos ovulares o endometriales con pinzas, legras o cortantes o bien por aspiración. En algunos casos es necesario colocar el día anterior a la evacuación tallos de laminaria para lograr la dilatación cervical progresiva o la aplicación de oxitócica o sustancias prostaglandinas”.

Líneas más adelante, como una especie de premonición preocupante, quien debe firmar el consentimiento está consciente de que la garantía de su salud luego de la práctica “de la medicina y cirugía –del aborto— no es una ciencia exacta, debiendo mi médico colocar todo su conocimiento y su pericia en buscar obtener el mejor resultado”.

Y continúa enumerando que, después terminada la “práctica”, puede requerir de tratamientos complementarios tanto médicos como quirúrgicos “como: urinarias, uterinas, de trompas (de Falopio), hemorragias, con la posible necesidad de histerectomía, además de formación de abscesos, dolor pélvico, adherencias (pélvicas o intrauterinas)”, además de que la que se haga un “aborto seguro” deberá tener en cuenta que puede sufrir complicaciones severas como la infertilidad, fecundidad, pelvi peritonitis, trombosis.

Sin embargo, luego de darle todo el panorama calamitoso que puede sufrir una mujer que accede a esta práctica, lo peor que le podría suceder es morir. “Como en toda intervención quirúrgica un riesgo excepcional de perder la vida, derivado del acto quirúrgico o de la situación vital de cada paciente”, señala el consentimiento informado.

Y antes de firmar, el documento menciona como se hubiera convencido a la que abortará que “está satisfecha con la información recibida del médico tratante, quien me ha dado la oportunidad de preguntar y resolver las dudas a satisfacción”.

Y las últimas líneas son decisivas para la firmante: “además, comprendo y acepto el alcance y los riesgos justificados de posible previsión que conlleva el procedimiento quirúrgico que aquí autorizo. En tales condiciones consiento que se me realice la Aspiración Manual Endo-uterino/LUI”.

Para el doctor V., el consentimiento informado es una posición que solo le causará traumas a las mujeres que acudan a los centros de salud a solicitar un ILE, porque ¿quién querrá hacerse una práctica de ese estilo sabiendo todas las barbaridades o complicaciones que se puede correr después de ello?

“Solo se agrede a las usuarias, de manera psicológica, cuando éstas piden recomendaciones. Sé que se les debe dar información, pero no en el modo en que algunos de mis colegas lo hacen, porque yo oía cuando ellas se sentaban y mis colegas les decían que les iban a colocar un espéculo, unos dilatadores, una bomba al vacío para retirar el producto y, sabes, la niña lo único que pide es hacerse una ILE y pues los médicos las traumatizan, ya sea una niña, adolescente o una mujer adulta”.

El consentimiento, líneas más abajo, dice que “el propósito de la interrupción voluntaria del embarazo es extraer del útero un feto que está vivo y los órganos que lo acompañan por haberse roto las membranas y no queda líquido amniótico, lo cual hace inviable que pueda proseguir la gestión”.

“No podemos controlar todo, hay más de 3 mil farmacias”

“El misoprostol no es específicamente para abortos. Es una pastilla para las úlceras gástricas, para combatir la gastritis, pero como su efectividad sobre pasa, se usa para inducir abortos espontáneos”[14], me dijo la Responsable departamental de Farmacias del Sedes La Paz, Sandra Bravo.

La venta del misoprostol en el país solo es posible con la receta médica emitida en un centro de salud, pero algunas personas las adquieren de comercializadores ilegales que importan el medicamento por contrabando en pocas cantidades.

Cuando le hice saber sobre la empresa Cytotec –que le vendió pastillas a Rebeca—, Bravo me señaló que sí luchan contra ese accionar irregular, pero lo hacen cada dos meses o cuando alguien denuncia.

El misoprostol fue desarrollado en 1973 por la farmacéutica Searle y aunque se comercializó para combatir los problemas gastrointestinales, la sociedad descubrió que tenía un segundo y, al parecer, mejor uso: inducir el aborto espontáneo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países o territorios de América Latina donde el aborto está despenalizado dependiendo de la gestación son Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico; y los países donde está prohibido sin excepciones son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.

En Paraguay Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen legislaciones más restrictivas y que solo el aborto está “despenalizado” en caso de que la vida o salud de la embarazada corra peligro. En tanto en países como Chile y Brasil se incluye también en sus códigos penales las variables de violación e inviabilidad del feto. Dentro de estos países, entra Bolivia con la causal de incesto.

En todos esos países, la pastilla del misoprostol es el que se usa con mayor frecuencia para interrumpir un embarazo, razón por la cual la OMS lo considera “el fármaco más recomendado a la hora de practicar el aborto médico”; sin embargo, en Bolivia esa pastilla tiene un costo de cinco veces más que su precio habitual en las farmacias que es de 6 bolivianos, pero estás que no cumplen con los requisitos para ofrecer el medicamento.

“Esas pastillas, oficialmente, deben costar seis bolivianos, no más. Por eso digo y los sostengo que quienes practican el aborto, mercantilizan a las mujeres de cualquier forma”, me señaló el doctor Pérez.

Teniendo al menos más de 3 mil farmacias en funcionamiento en la ciudad de La Paz y El Alto y un poco más de 1 mil farmacias ilegales, sin permisos en ambas ciudades, el Sedes no puede controlar el agio y el contrabando del misoprostol.

Según María C., que tiene su farmacia en la zona de San Pedro, el Sedes no hace los controles reglamentarios sobre el precio del misoprostol, ni mucho menos una “investigación” de qué farmacias venden el fármaco y cómo éstas consiguen los mismos.

“Ellos no saben dónde están parados, solo saben ponernos restricciones a nosotros que cumplimos con requisitos para abrir una farmacia y poner ganarnos la vida trabajando”, dijo y añadió que su establecimiento no cumple con los requisitos para vender el misoprostol. “Yo no cumplo con los requisitos, por eso no puedo vender el misoprostol, pero vieras cuántas parejas vienen en busca de ese producto, uff…te asombrarías al contarlos en una semana”.

Los requisitos que debe cumplir un establecimiento farmacéutico son una fotocopia legalizada del título en Provisión Nacional del profesional ya sea bioquímico farmacéutico, o un Químico farmacéutico o solo un farmacéutico. Además, una fotocopia legalizada del título académico del profesional, una fotocopia simple del carnet de identidad, dos fotografías de 3x3 de fondo rojo, un certificado de matrícula profesional extendido por el Ministerio de Salud, una matrícula del profesional legalizado y una fotocopia simple de carnet del Colegio Médico…etc.

Sin embargo, estos requisitos no son difíciles de conseguir, lo difícil es enfrentarse a la burocracia estatal, departamental o municipal para poder acceder a ellos.

“Todo se mueve con plata. El Sedes te saca tajadas de dinero para poder tener un ítem de venta de ese tipo de fármacos. El Sedes te indica cómo se debe tratar con ese medicamento, pero eso también es para dinero”, me diría María.

La cuestión de tener un aborto seguro está también ligada al tema del acceso a estos fármacos. Por un lado, si una adolescente quiere adquirir el misoprostol de manera legal, tiene que tener el permiso de un doctor que le dará una receta médica para poder comprar el misoprostol, pero deberá demostrar que cumple con alguna de las causales establecidas en la normativa boliviana y así poder tener las pastillas e interrumpir su embarazo, pero si no cumple con una de ellas, estará cometiendo un delito. Por el otro lado, la mujer tiene la posibilidad de acceder a las pastillas de manera clandestina, pero se enfrenta al costo de las mismas que varía dependiendo de la farmacia o el vendedor que las ofrece por redes sociales.

“No podemos controlarlo todo –dijo Sandra Bravo—, hay más de 3 mil farmacias en la ciudad de La Paz y en El Alto. Son muchas farmacias. Y las que operan de manera irregular son más de 1 mil. Cuando hacemos las inspecciones cada dos meses, los dueños de las farmacias que no tienen permiso no abren sus establecimientos. Entre ellos se ayudan. Eso pasa más en El Alto. Ahí encuentras más farmacias en la calle 2, donde están esos prostíbulos”.

Para la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) controlar este tipo de cuestiones es un trabajo duro y de mucho tiempo. Según la normativa, esta debería controlar el ingreso y la distribución de los medicamentos que ingresan al país. Asimismo, debería hacer los controles reglamentarios en fronteras, con la ayuda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, para el ingreso de cualquier medicamento, en este caso también el del misoprostol, que según la directora de la Agemed, Janeth Sánchez, entra más por el lado de Brasil.

“No podemos controlar, lo que entra es mucho. El 14 de junio nomás hallamos una cisterna con varios medicamentos que entraron de contrabando”[15].

Según la información que dio Sánchez, la intervención que se hizo el 14 de junio, la cisterna tenía diferentes medicamentos como “Broncofar NF comprimido; Piromed Relax comprimido; Procops 50 mg comprimido; Rifamicina 1g solución en spray; Otomicin gotas oticas; Algidol reuma forte comprimido; Cytotec 200 mg comprimido; Rheumazin Forte; Clinomin Solución Inyectable; Rowatinex cápsulas”.

Cuando le comenté sobre el SMS que me enviaron el 6 de junio, sobre la empresa Cytotec, me dijo que las únicas encargadas para la importación del misoprostol al país son las empresas Pfizer Bolivia S.A., South American Empress S.A., DKT-BOL Importador y comercio de producción, Asmoh Laboratories Limited, y LAQFAGAL Farma Industria.

“Esas empresas pueden hacer la importación por medio de nosotros -explicó Sánchez- y luego distribuirlos a las farmacias que cumplen los requisitos. Son más de 1.400 farmacias las que pueden expedir ese medicamento, no todas cumplen con los requisitos establecidos para que puedan comercializar”.

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El aborto es un tema poco tratado en las salas de los colegios públicos del país, poco tocado en las esferas políticas y poco comentado dentro del sistema de gobernabilidad del Estado. Es, sobre todo, una práctica judicializada sino se la hace en los marcos legales constituidos.

Para Guadalupe Pérez del Colectivo feminista Rebeldía de Santa Cruz, el tema de si una mujer quiere abortar o no, es solamente una decisión suya y no de los demás. Porque esa decisión implica el saber elegir y saber decidir qué es bueno para su vida.

“Abogamos por la despenalización del aborto para que las mujeres -me explicaría Lupe-, sin tener que explicarle las causas a nadie, porque es un tema de autonomía básica de los derechos de las mujeres. Porque es un tema de dignidad, de libertad y respeto a la capacidad que tienen las mujeres al momento de elegir”[16]

Manifestó que el país creó un manto de oscuridad, de precarización y de violación a los derechos de las mujeres cuando se emitió la sentencia constitucional 0206/2014, que penaliza al aborto si no se cumplen causales. Para Lupe, la sentencia no se cumple en todo su contenido y que quienes la sufren más son mujeres de recursos económicos bajos.

“Todo gira en eso de penalizar a las mujeres –dijo Guadalupe– que no son culpables de que el varón no use un preservativo. Esas causales en la 0206 limitan la libertad de las mujeres, porque estás tienen que justificar el porqué quiere abortar. Hay también barreras culturales que limitan a las mujeres en sus derechos sexuales, su libertad de decidir sobre su cuerpo. Bolivia creó esas barreras, ese marco restrictivo que tenemos las mujeres al dar esa sentencia constitucional. Además de que una comisión médica debe ser quien decida sobre la mujer y no ella misma, sabiendo que un aborto puede afectarle física y mentalmente. Ahora, esa comisión está presionada por los grupos provida y derechos y se escudan en la objeción de consciencia”.

La judicialización es lo que lleva a las mujeres a cometer el aborto en la clandestinidad y mucho más en un sistema como en el que se encuentra el país: sin datos actualizados sobre la mortalidad materna, sin datos sobre cuántos abortos se realizan cada año, sin saber cuántos centros clandestinos existen en las ciudades, sin una educación sexual promovida por el Ministerio de Educación, sin políticas públicas dirigidas al tema, sin una normativa que se cumple, sin un control en la venta de fármacos para interrumpir el embarazo…

En el municipio de Caranavi, donde hasta junio de 2022 se reportaron 105 abortos, pero no se sabe si fueron clandestinos o legales. Según D. M., (iniciales del nombre) que hacía su internado en el Centro de Salud de Alcoche, de ese municipio, me dijo que solo habían reportado dos abortos espontáneos y dos de “dudosa práctica” de una población de 491 mujeres en edad fértil.

“Son 491 mujeres en edad fértil, de los cuales solos reportamos 2 espontáneos y 2 de dudosa práctica. Como es un pueblito -de unos 45.500 habitantes según el documento que me brindó-, a veces no reportan nada las familias. Son mayores de edad y son de unión establece. Así nos dicen”[17], me contó en una charla cuando ya había regresado de Alcoche.

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Cuando hablé con Reyna y de hacerle las preguntas sobre el aborto de su amiga Rebeca, se molestó y eso se notó en las respuestas.

--¿Por qué decidió abortar tu amiga?

-- Porque ella es la que decide. No tú, no yo, no su novio, no su familia ni sus amigos. Solo ella. Porque ese feto se forma en su cuerpo y ella tiene el derecho de decidir, por eso.

--¿Si su vida hubiera corrido peligro con ese sangrado, por qué no lo hizo en una clínica del sistema de salud?

-- A ver, ¿por qué crees? Acaso le hubiera dicho al doctor lo que cometió. ¿Qué hubiera dicho mi amiga? He abortado, doctor.