Diputados anulan la ‘jubilación forzosa’ y aprueban Ley 035 tras acuerdo entre COB y médicos

Al final hubo humo blanco. Tras un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Colegio Médico de Bolivia, la madrugada de este viernes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 035 de Modificación de la Ley de Pensiones dejando sin efecto la denominada ‘jubilación forzosa’.

Legisladores opositores respaldaron la aprobación de esta norma con esa condición. De esta manera, se logró el respaldo de la mayoría de los presentes y el documento fue enviado a la Cámara de Senadores para su tratamiento y posible sanción.

Desde el oficialismo rechazaron las denuncias en sentido de que el Gobierno pretendía imponer la ‘jubilación forzosa’ a los 65 años de edad.

Subrayaron que con esta norma los “limites solidarios” de las pensiones de los jubilados mejorarán.

Acuerdo

Antes del tratamiento en detalle de la norma, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, tomó la palabra para aprobar en el pleno la anulación de los acápites que generaron conflicto durante varios meses.

“Voy a solicitar en el marco de nuestro reglamento de debates la dispensación en la estación en detalle a efectos a que se pueda considerar esta etapa del debate con la previa y prioritaria supresión de las disposiciones transitorias adicionales emergentes del acuerdo que se ha firmado hace minutos atrás”, señaló.

“Por lo tanto, presidente, en el marco de este consenso al que se ha arribado solicito que previa y prioritariamente comencemos con las supresiones que ha sido establecidas en este consenso”, exhortó al presidente de Diputados, Israel Huaytari.

Acto seguido, el aludido llamó a la votación: “En cumplimiento al acta someteremos a votación la supresión de la disposición adición única”.

La “supresión de la disposición adicional única” fue aprobada por “mayoría”. Luego, se eliminó la disposición transitoria segunda con el mismo resultado. Esta última se refería a la reglamentación de la medida anteriormente anulada.

La Polémica

La norma daba cuenta una revisión médica a cargo de una repartición estatal para los trabajadores que cumplan 65 años de edad con el objetivo de establecer si son aptos para continuar con sus funciones.

La disposición adicional única del proyecto de ley establecía que, con el fin de cuidar la salud y el bienestar de los adultos mayores, “para su continuidad laboral podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (...) III. Se encuentran exentos de la aplicación del Parágrafo I de la presente disposición, las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”.

La última propuesta lanzada por la comisión era que la prueba física y mental sea supervisada por un médico externo, inclusive nombrado por los colegios de médicos, pero el sector la rechazó y mantuvo su postura “innegociable” de eliminar ese acápite.