Sentencian a Goni a seis años y 3 meses de cárcel por caso Petrocontratos

Ayer lunes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio lectura a la sentencia del juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, y tres de exautoridades que fueron hallados culpables en el caso denominado Petrocontratos.

“Mediante voto mayoritario, falla lo siguiente: Declarando a los imputados Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Bustamante, como también Jorge Joaquín Berindoague Alcocer además de Carlos Alberto Contreras de Solar, Carlos Alberto López Quiroga autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, señala una parte de la sentencia que fue leída por el magistrado del TSJ, Olvis Eguez Oliva.

Durante la audiencia se especificó que la pena del expresidente es de seis años y tres meses, mientras que los otros imputados fueron sentenciados a cinco años de cárcel.

También fueron sentenciados “Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga, todos juzgados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, informó la Procuraduría General del Estado.

La condena debe ser cumplida en la cárcel de Chonchocoro y su computo se iniciará una vez sean ejecutados los mandamientos de condena; sin embargo, cabe aclarar que los procesados fueron sentenciados en rebeldía pues se encuentran fuera de Bolivia, según medios estatales.

Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde 2003, cuando renunció a la presidencia en medio de la convulsión social por la denominada “guerra del gas”.

La sentencia también impone a los condenados el pago de costas del proceso judicial, aunque no se especificó cuál es el monto que debe cancelar cada uno de los sentenciados.

Por otro lado, los sentenciados están inhabilitados para ejercer cargos o empleos en el sector público, por un periodo de cinco años.

Proceso de 2005

El caso Petrocontratos se activó en 2005. En aquella oportunidad se denunció presuntas irregularidades en la firma de contratos de comercialización y exploración de hidrocarburos “sin la autorización congresal que exigía la anterior Constitución Política del Estado”.

“Fueron firmados estos contratos con transnacionales petroleras para la explotación de nuestros hidrocarburos”, dijo el ministro de Justicia, César Siles.

La Procuraduría precisó que se demostró “contundentemente a lo largo del juicio la no remisión de los 107 contratos de riesgo compartido al Órgano Legislativo para su respectivo análisis y aprobación, tal cual prescribía la normativa legal vigente en su momento”.

En este caso también estaba denunciado Jorge Tuto Quiroga; sin embargo, el expresidente se acogió a un decreto de amnistía promulgado por Evo Morales en 2018 y por ello fue excluido del caso.