Lanzan crédito de hasta Bs 10.000 para gremiales, en medio de protestas contra el Gobierno

En medio de las protestas y el anuncio de movilizaciones para el 10 de febrero en todo el país, en contra de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el estatal Banco Unión, lanzó el CrediGremial, que otorga un crédito de hasta Bs 10 mil a una tasa de 11,5% exclusivamente para los gremiales.

El presidente Luis Arce lanzó el nuevo servicio dirigido a los gremiales que requieren créditos de inversiones y de operaciones de hasta Bs 10 mil. Los créditos son para “capital de trabajo, dinero que necesitamos para comprar la mercancía, luego vender y realizar la ganancia que nos da el pan de cada día en la familia gremial, o aumentar ese capital de inversiones, que también se necesita para mejorar el anaquel o comprar algún activo que se requiere”, explicó.

El nuevo servicio es resultado del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre), que incrementó su capital a Bs 102 millones y la posibilidad de llegar a más interesados en créditos en condiciones ventajosas.

Este fondo también puede cubrir el 50% de garantía de los prestatarios, sino no tiene la capacidad de hacerlo.

Asimismo, el Jefe de Estado dijo que las políticas económicas del Gobierno están orientadas a “precautelar el bolsillo de los bolivianos”, por lo que ninguna “va a atentar contra la economía” de la población, entre ellos la familia gremial”, aseguró.

Todo esto se da luego de que instituciones de todo el país, reunidas en Tarija, anunciaran movilizaciones en rechazo a la disposición séptima del PGE 2025, pues afirman que la Disposición Adicional Séptima pretende “quitar y decomisar mercaderías a productores y a comerciantes en los diferentes niveles pequeños, medianos y grandes”.

“Exigimos al presidente del Estado que, mediante su bancada, realice las acciones necesarias para que lo antes posible se realice está respectiva derogación”, señala una de sus demandas.

La disposición

Esta disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.