28/04/2025
Tras el anuncio del Gobierno de Luis Arce Catacora junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) del incremento de un 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y 5% al haber básico para este 2025, el sector empresarial rechazó la determinación advirtiendo que esto afectará a la sostenibilidad de las empresas. Desde el Colegio de Economistas de Tarija, su presidente Fernando Romero, advirtió que esto traerá más inflación, más informalidad, más inestabilidad laboral y más pobreza.
Romero, en contacto con Tarija Conecta, explicó que se trata del mayor incremento salarial de los últimos 7 años, y se da cuando Bolivia atraviesa una de sus gestiones más inflacionarias y con menor crecimiento económico, por lo que dijo que esta decisión traerá mayor inflación en las próximas semanas, así como mayor informalidad e inestabilidad laboral, contracción de la inversión privada, ralentización de la economía y mayor pobreza.
Consultado sobre el porqué se analiza así este incremento, explicó que esto pasará de esa manera, porque el Gobierno financiará este incremento salarial con un reajuste presupuestario, con reducción de la inversión pública, entre otras, mientras que el sector privado, para poder cumplir con este incremento, deberá subir los precios de sus productos y/o servicios, reducción de costos varios o despidos paulatinos.
Romero, de esta manera calificó a este incremento salarial del 2025 como “un incremento temerario, nada sensato y muy político”.
Empresarios culpan al Gobierno de consecuencias del incremento salarial
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que expresa su firme rechazo al incremento salarial anunciado por el Gobierno, señalando que esto afectará gravemente la sostenibilidad de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas (pymes).
“El aumento al SMN es la cifra más alta de los últimos ocho años, y se impone en un contexto en el que Bolivia experimenta decrecimiento del PIB, inflación creciente y déficits fiscales sostenidos”, señala el pronunciamiento del sector privado.
Los empresarios advierten que las consecuencias de esta decisión sobre la economía nacional, el mercado laboral y la estabilidad empresarial serán “extremas”. Además, responsabilizan al Gobierno por los posibles efectos negativos que esta determinación podría provocar en el corto y mediano plazo.
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