Cuando el narcotráfico penetra la justicia, encarcelan a un juez por “narcomaletas”

La justicia determinó ayer domingo enviar al juez cruceño Heber Zeballos a detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola, mientras se desarrollan las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, conforme a la imputación presentada por el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, Zeballos fue identificado como copropietario de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., cuyos galpones, ubicados en la zona de Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz, fueron allanados en el marco de la investigación. En el lugar se secuestraron armas y cerca de 80 kilogramos de marihuana, presuntamente ingresados al país en un vuelo chárter que arribó al aeropuerto internacional de Viru Viru el 29 de noviembre de 2025 procedente de Estados Unidos.

La Fiscalía de Sustancias Controladas sostuvo ante el juez cautelar que los elementos recolectados durante la investigación vinculan directamente al magistrado con la empresa allanada, lo que motivó la solicitud de detención preventiva mientras continúan las pesquisas.

El caso también involucra a la exdiputada de Creemos, Laura Rojas, quien fue citada a declarar este lunes en calidad de testigo. De acuerdo con la investigación fiscal, Rojas sería una de las principales sospechosas del ingreso del avión privado proveniente de Los Ángeles, en el que viajaba junto a un acompañante de doble nacionalidad, Gabriel Juliano León.

Asimismo, Rojas fue sindicada de haber utilizado un pasaporte diplomático que mantenía en su poder tras concluir su mandato parlamentario, pese a los requerimientos de la Cancillería para su devolución. La entidad anunció procesos penales por el presunto uso de un documento oficial que había sido anulado.

El denominado caso de las “narco-maletas” se convirtió en un escándalo que puso en entredicho los mecanismos de seguridad y control del aeropuerto internacional de Viru Viru, además de generar cuestionamientos a varias instituciones vinculadas a la administración y fiscalización de la terminal aérea.