Migración echa a 4 funcionarios por negar entrada a refugiados de Ucrania
La directora general de Migración, Katherine Calderón Valle, confirmó ayer la desvinculación de cuatro funcionarios de esa repartición estatal por haber negado la entrada a una pareja de ucranianos que buscaba refugio y llegó al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz. La negativa de ingreso se debió a una “mala interpretación” de la normativa, afirmó.
“Lo ocurrido con dos ciudadanos de nacionalidad ucraniana ha sido una decisión personal, de una mala interpretación de la normativa por parte del personal a cargo del control migratorio en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, pero esta situación no representa la voluntad del Gobierno con respecto a los ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad, cualquier que sea su nacionalidad”, declaró Calderón en conferencia.
Los ciudadanos ucranianos son Oksana y Mykhailo Karpenko, y según Ludmila Kundenko -residente ucraniana radicada en Santa Cruz- volverán al país este domingo en un vuelo regular de la línea aérea BOA.
“Gracias a Dios por su ayuda, en este momento nuestra cónsul honoraria en Santa Cruz, Bolivia, Mariel Lema, pudo contactarse con los ministros, quienes revisaron el caso por deportar a esos muchachos. Mañana van a llegar, hoy no hay vuelo, pero llegarán en un avión de BOA; aún no sé la hora, pero los vamos a ir a esperar en el aeropuerto”, declaró Kundenko a los medios.
La noticia del rechazo y expulsión de los ucranianos levantó una ola de críticas. Por eso fueron destituidos el inspector que atiende en ventanilla, el encargado de Migración del aeropuerto, la encargada del departamento de Migración y el jefe distrital de Migración de Santa Cruz.
“Vamos a preparar las acciones legales que correspondan por la omisión y la no aplicabilidad conforme a ley. Además que se ha instruido la investigación del caso”, precisó la funcionaria.
Calderón sostuvo que “se debe facilitar el ingreso de todo ciudadano que llegue a nuestro país solicitando protección y el Estado debe brindarla”.
La Defensoría del Pueblo condenó el incidente y solicitó una explicación a la Dirección General de Migración, instancia que respondió que ya se asumieron las medidas correspondientes y que sólo se trató de un “hecho aislado”.
“La Defensoría del Pueblo abrió un caso de oficio y la Dirección General de Migración nos comunicó que dicha institución ya asume las medidas legales correspondientes contra dichos funcionarios y nos manifestó que se trató de un hecho aislado que no representa la posición de Migración, ni del Estado Boliviano”, se lee en un comunicado publicado por la Defensoría.
(FUENTE: Página Siete)