Advierten » base de datos maestra» para acceder a información de todos los ciudadanos
Las últimas firmas de convenio con instituciones clave que manejan información están generando suceptibilidad a varios analistas y juristas que ven esto un manejo peligroso de la información.
La Fiscalía General del Estado ha firmado una serie de convenios con empresas e instituciones para interconectar la información que generan sus usuarios y clientes con el sistema informático Justicia Libre. El último de los acuerdos fue firmado el martes con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Desde el Ministerio Público explicaron que a lo largo de este año se suscribieron convenios con varias instituciones entre ellas el Servicio General de Identificación Personal y de Licencias para Conducir (Segip), Entel, Viva, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la UIF, la Policía boliviana, universidades, alcaldías, gobernaciones, entre otras, en el marco de la interoperabilidad. Pero todo esto a varios analistas les parece sospechoso y fuera de lo normal.
La institución indica que sus acciones se ejecutan en el marco del Gobierno Electrónico y la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal. “La Fiscalía General del Estado, a través del sistema informático ‘Justicia Libre’ contribuye a llevar adelante el seguimiento de casos vía online para acceso del mundo litigante, de la misma manera, lo que se pretende con las instituciones públicas y privadas, es facilitar todo tipo de trámites e información que coadyuven a la desburocratización de la información con el mecanismo de la interoperabilidad”, afirma una comunicación enviada a EL DEBER.
Efectivamente, desde la telefónica Viva señalaron que está vigente un convenio con la Fiscalía General del Estado para digitalizar los procesos de ingreso de archivos al sistema informático del Ministerio Público. “Este envío de archivos solo se efectúa a requerimiento formal y escrito de la Fiscalía y condicionado al cumplimiento estricto de la Ley de Telecomunicaciones, la que, entre otros aspectos, vela por la privacidad de la información de los usuarios”, afirma.
Sobre el tema, el abogado Iver von Borries, precisó que la Fiscalía está generando una “base de datos maestra” para acceder a todo tipo de información personal de los ciudadanos.
En criterio del jurista Mauricio Saldaña se entiendo que (la Fiscalía) va a poder acceder a información que esté en la base datos, pero considera que dependiendo de lo que encuentren tendrán que solicitar cierta información a través de requerimiento fiscal.
Sobre el tema, el abogado constitucionalista Williams Bascopé considera que la cooperación interinstitucional siempre ha existido, pero lo que no se puede transferir ni atribuir es competencia entre instituciones. “La Fiscalía investiga delitos de carácter público privado en el ámbito de la jurisdición y control de un juez y la UIF hace su recolección de datos o investigación, pero sin trasgredir normas”, señaló.
Observó que el tema de asumir datos de todos los ciudadanos invade la privacidad. “Su ámbito de la UIF es en el ámbito financiero y económico, no tiene que ver temas patrimonionales. Lo que está haciendo la Fiscalía y la UIF puede ir más allá de lo permitido e ir contra la Constitución y la legalidad de sus atribuciones, porque invade la privacidad de los bolivianos”, sostuvo.
Bascopé considera que lamentablemente el gobierno de Luis Arce Catacora está empeñado en acceder a toda la información de todos los ciudadanos, lo que no se puede permitir porque es peligroso y hay hay un desequilibrio de poderes. “Ya están queriendo quitar Derechos Reales, manejan Fundempresa, quitaron Notariado y están controlando”, enfatizó.
(FUENTE: El Deber)