Día 26 de bloqueos en el país, impulsan ley que envía hasta 14 años de cárcel a bloqueadores

A 4 días de cumplir un mes, Bolivia atraviesa hoy martes 26 días de movilizaciones y bloqueos que cercan principalmente a La Paz, registrándose a la fecha más de 50 puntos de bloqueo en carreteras, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Y mientras todo esto pasa, legisladores nacionales socializan “a toda máquina” un proyecto de ley que envía hasta 14 años de cárcel a los bloqueadores.

A diferencia de ayer lunes cuando había 6 departamentos con bloqueos, los cortes de vías se concentran hoy en cinco departamentos, siendo la región paceña la más afectada con 20 puntos de bloqueos. Los otros departamentos afectados son Oruro con 10 puntos al igual que Potosí, mientras que Cochabamba tiene 9 y Santa Cruz cuatro, luego de que en las últimas horas se instalara dos puntos de bloqueo a la altura de Guarayos.

La situación es crítica, sobre todo para La Paz, que atraviesa momentos difíciles con el desabastecimiento de alimentos, combustible, oxigeno y más. Por ello, algunos legisladores socializan el proyecto de ley “de protección y ejercicio de derechos fundamentales y garantías constitucionales”, también conocido como la ley antibloqueos.

El senador Rolando Vacaflor, uno de los principales impulsores de la normativa, explicó que el proyecto de ley, en su parte sancionatoria, principalmente modifica 6 artículos del Código Penal boliviano, endureciendo las sanciones para quienes cometan esos delitos.

Así, Vacaflor detalló que en el artículo 130, que habla de la instigación pública a delinquir, se establecía entre 3 a 7 años de cárcel y con esta ley se propone de 7 a 10 años de cárcel.

El artículo relacionado específicamente a los bloqueos es el 213, que habla de cárcel de 6 a 10 años y que con la ley antibloqueos se endurece la sanción con 10 a 14 años de privación de libertad.

El artículo 227 que habla de destrucción de productos, establecía 3 a 7 años de cárcel y con este proyecto de ley se plantea 6 a 10 años de cárcel.

Y finalmente, el artículo 303, que habla del atentado a la libertad de trabajo, fijaba 3 a 6 años de cárcel y con la propuesta se busca modificar la sanción de 6 a 10 años de prisión.

“Este proyecto de ley está basado en artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) que protege los derechos de los ciudadanos como ser alimentación, derecho a la vida, la libre transitabilidad y la salud. Entonces cuando se vulnera estos derechos se tiene que aplicar esta ley para penalizar los mismos”, concluyó el senador