Evo pone plazo a Paz para abrogar “dieselazo”, Gobierno le recuerda órdenes de aprehensión

El expresidente Evo Morales emplazó al Gobierno de Rodrigo Paz a derogar hasta el 3 de octubre el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención estatal al diésel, bajo la advertencia de que la medida deberá ser revertida “por las buenas o por las malas”. El ultimátum fue incluido en las resoluciones aprobadas por el denominado congreso de “Evo Pueblo”, reunido el sábado en Lauca Ñ.

Ante esta advertencia, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señala que la posición del expresidente es incoherente y advirtió que nadie está por encima de la ley. Además, recordó que existen ordenes de aprehensión vigentes contra Morales y corresponde que se presente ante la Justicia y ejerza su defensa, con las garantías que establece la Constitución.

Evo Pueblo contra el Gobierno

Según las determinaciones aprobadas, si el Gobierno no atiende sus demandas, desde el 13 de octubre de 2026 se convocará a una “gran movilización nacional para salvar Bolivia”, en defensa del Estado Plurinacional y contra las políticas económicas que, según Morales, afectan a la población.

Entre las principales exigencias figura la abrogación del DS 5716, además del DS 5727, al que las organizaciones afines a Morales atribuyen la intención de promover la privatización, cierre y liquidación de empresas públicas.

Morales llamó a la unidad de las organizaciones sociales afines para sumarse a la “lucha por la soberanía bajo los principios del antiimperialismo, anticolonialismo y anticapitalismo hasta derrotar al neoliberalismo”.

Las resoluciones también cuestionan la política energética del Gobierno y exigen recuperar la soberanía sobre el sector. En ese marco, plantean la restitución del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Energías, con el argumento de que ambas carteras permitirían recuperar la conducción de la política económica y avanzar en un cambio de la matriz energética.

Gobierno reconoce capacidad de movilizar de Evo

“Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”, manifestó Justiniano. Señaló que Morales puede cuestionar al Gobierno y convocar a movilizaciones pacíficas dentro del marco legal; sin embargo, señala que “no le corresponde pretender imponer decisiones al país mediante amenazas, ultimátums o bloqueos”.

“Las diferencias políticas se resuelven dentro de la democracia y de la ley, no bajo la advertencia de que ‘si no es de buenas será de malas’”, manifestó el ministro.

La autoridad recordó que existen ordenes de aprehensión vigentes contra Morales y corresponde que se presente ante la Justicia y ejerza su defensa, con las garantías que establece la Constitución.

“Y si hoy quiere hablar de cumplimiento de la ley, debería comenzar por cumplirla él mismo”, señaló Justiniano.